La ponencia constituida en el seno de la Comisión de Justicia e Interior puso hoy de manifiesto la unanimidad de todos los grupos sobre la conveniencia de que el uso de los fonds reservados pase a estar controlado por el Parlamento, tal y como propone el Ejecutivo.

Según el proyecto de ley, la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso será la encargada de controlar el uso de estas partidas y además será el órgano que deberá aprobar cualquier ampliación de los créditos destinados a este capítulo.

Los ministros de Interior, Justicia, Defensa y Exteriores tendrán la obligación de comparecer anualmente ante esta comisión para dar cuenta del uso que han hecho de los fondosreservados.

El proyecto, que es un compromiso adquirido por Felipe González en el último debate sobre el "estado de la Nación", contempla además la creación de un registro especial de patrimonio para los ministros y altos cargos que dispongan de fondos reservados. Este registro quedará custodiado por el presidente del Congreso y a él sólo podrán acceder los miembros de la Comisión de Secretos.

El portavoz del PP en la ponencia, el ex ministro de Interior Rodolfo Martín Villa, dijo hoy al término e la sesión que se siente "ciertamente satisfecho" con este proyecto, "porque se acerca bastante a nuestras posiciones" y recoge las principales líneas de la proposición de ley que presentó en su día el PP.

Izquierda Unida, aunque también da el visto bueno en general al proyecto, quiere que la ley deje expresamente claro que los tribunales podrán investigar en cualquier caso el posible uso delictivo que se pueda hacer de los fondos.

"Ha habido y está habiendo dificultades para investigar ese uso elictivo y a la opinión pública hay que lanzarle un mensaje tranquilizador de que es posible una investigación judicial sin obstáculos de esos delitos", manifestó el ponente de IU, Diego López Garrido.

Sobre este asunto, el portavoz del PSOE, José María Mohedano, negó que en estos momentos exista ninguna barrera legal para que los tribunales puedan investigar estos delitos, y prueba de ello es el sumario que se instruye en relación con el "caso Roldán". Por esta razón, el PSOE no ve motivos para admitr la enmienda de adición que a este respecto presenta Izquierda Unida.

Mohedano se congratuló del importante grado de aproximación que hoy se puso de relieve entre los grupos para aprobar una nueva ley a partir del proyecto del Gobierno.

El próximo martes se reunirá la Comisión de Justicia para intentar llegar a una redacción definitiva del dictamen sobre el proyecto de ley. Después, el proyecto pasará al pleno para su aprobación.