Según Jiménez Parga, el juzgado de Instrucción número 43 de Madrid carecía de competencia para investiga, por la condición de aforado de Barrionuevo. Para el letrado, la investigación debería haber sido ejecutada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Barrionuevo fue diputado socialista hasta el 9 de septiembre de 1998, mientras que la querella interpuesta contra él y otros seis ex altos cargos socialistas miembros de Interior fue admitida a trámite el 18 de abril de 1995. Por todo ello, Jiménez consideró que se vulneró el derecho a juez ordinario predeterminado por Ley y de su patrocinado.

Adems, según explicó Jiménez de Parga, una vez admitida a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Estudios Penales en 1995, se debería haber comunicado la imputación inmediatamente. Sin embargo, ésta se retrasó cuatro años, hasta que Barrionuevo perdió la condición de aforado.

En este sentido, para el letrado, también se vulneró el derecho a la defensa del ex titular de Interior porque, desde que se admitió a trámite la querella en 1995 hasta que se le comunicó su imputación, en septiembre de1998, se le estuvo investigando a sus espaldas.

Jiménez Parga hizo estas peticiones en la segunda jornada del juicio oral que investiga la presunta apropiación indebida de dinero público por parte de ex altos cargos de Interior de los Gobiernos socialistas.