Greenpeace h anunciado hoy en un comunicado, que recurrirá la sanción, y denuncia que desde que ocurrieron los hechos el Gobierno español no ha adoptado ninguna medida contra el tráfico de madera ilegal que continúa entrando en los puertos españoles.

El pasado 13 de junio, activistas de Greenpeace realizaron una acción de protesta en el puerto de Valencia contra el buque Honour, con la que denunciaban importación de madera tropical procedente de las talas ilegales. Como consecuencia de la misma, seis activistas d Greenpeace fueron juzgados en Valencia.

Tras estos hechos, el Ministerio de Fomento abrió un expediente sancionador en el que reclamaba a Greenpeace 300.000 euros como fianza para el Rainbow Warrior pudiera salir de Valencia. El barco ecologista permaneció detenido durante 26 días en el Puerto de Valencia hasta que el Ministerio de Fomento redujo la fianza a 6.000 euros.

Por su parte, Greenpeace niega rotundamente las razones que expresa Fomento para justificar la sanción, ya que en ningún momeno durante la acción se puso en peligro la seguridad marítima. Además, Greenpeace considera ilegal todo el procedimiento de infracción al haberse juzgado ya los hechos por vía penal.