Para la ministra, este plan "es muy rentable porque mejora las conexiones, avanza en la seguridad del transporte, descongestiona las carreteras, conecta los puertos y los pone en valor y es medioambientalmente sostenible".

Según Álvarez, "esta es una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo" ya que según reveló el tráfico ferroviario de mercancías pasó de representar el 53% del tráfico terrestre en 1951 al 3% en 2007.

Entre las causas de este descenso del tráfico de mercancías, la ministra citó la escasa inversión pública, la ausencia de políticas de intermodalidad especialmente con los puertos, la gestión inadecuada de la circulación al dar prioridad total al tráfico de pasajeros y la falta de conexión con Europa.

Por ello, el plan tiene tres grandes áreas: reforzar la iniciativa privada, inversiones en infraestructuras e implantar nuevas medidas de gestión que supongan una profunda reestructuración del departamento de mercancías de Renfe Operadora.

Algunas de las principales actuaciones del plan son el acondicionamiento de 7.000 kilómetros de líneas de alta velocidad a tráfico mixto, la mejora de las líneas convencionales abandonadas para mercancías, la ampliación de los apeaderos, la construcción de variantes para evitar el paso por las ciudades o el desdoblamiento de algunas vías para aumentar la capacidad.

También se contempla la mejora de las conexiones con los puertos, la implantación de un nuevo sistema de información que permita una gestión telemática de losservicios y conocer el estado de las peticiones, la puesta en marcha de un dispositivo de localización y posicionamiento de trenes vía satélite así como inversiones en locomotoras.

Con ello, el Gobierno pretende facilitar la incorporación de la empresa privada. Con este mismo objetivo, en 2009, según anunció la ministra, ni Renfe ni ADIF subirán las tarifas para este tipo de servicios.

Respecto a la participación privada, Álvarez señaló que actualmente representa el 5% del tráfico de mercancías y que once empresas disponen de la licencia para operar, aunque cinco de ellas no lo hacen todavía al no contar con el certificado de seguridad.

Finalmente, Álvarez destacó que "en la legislatura anterior aprobamos la normativa necesaria, abrimos el mercado privado, formamos personal e invertimos casi 900 millones de euros para crear una base sólida para el plan que hoy presentamos".