El Defensor del Pueblo explica en un comunicado que a través de diversas quejas tuvo conocimiento de que los ciudadanos extranjeros no comunitarios residentes en los territorios extrapeninsulares quedaban excluidos de la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo que el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, concede a los residentes nacionales en las comunidades de Canarias y Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

El Defensor del Pueblo consideró que la finalidad de estas ayudas -integración del hecho insular y separación territorial- hacía razonable superar la exclusión de los residentes extranjeros instalados permanentemente en los citados territorios, por lo que efectuó una recomendación al Ministerio de Fomento.

Por un lado pedía la modificación de la normativa al objeto de que personas casadas con ciudadanos españoles y comunitarios que cumpliesen el requisito de residencia pudieran acceder a las ayudas al transporte aéreo y marítimo citadas, y por otro, para que se procediese a estudiar el impacto económico de la extensión de la mencionada ayuda a los ciudadanos de países no comunitarios con residencia en estos territorios.

Esta recomendación ha sido aceptada, asumiendo el Ministerio de Fomento el compromiso de ampliación del derecho a percibir las subvenciones para los ciudadanos extranjeros con residencia permanente en los mencionados territorios, y anunciando que, si las previsiones presupuestarias son aprobadas por el Ministerio de Economía, iniciará los trámites para la modificación del real decreto correspondiente.