El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre el Plan de Vivienda 1998-2001, recomendó tanto "la actualización de los pecios máximos de la vivienda protegida para que la haga más atractiva a los promotores" como "la ampliación de la vivienda protegida en régimen de alquiler".

Fomento señala, respecto a la primera observación del Tribunal, que el vigente Plan de Vivienda 2002-2005 fijó un precio básico nacional y permitió a las comunidades autónomas elevar hasta un 56% el tope máximo.

Sobre la segunda recomendación del Tribunal, Fomento recuerda las medidas adoptadas por el Gobierno para favorecer el alquiler, com la deducción del 50% del rendimiento neto en el IRPF y la posibilidad de recargar hasta un 50% el IBI para las viviendas vacías.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas también aconsejaba un gran pacto entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, tanto en vivienda como en suelo, dado que tienen repartidas las competencias.

A este respecto, el departamento de Francisco Alvarez Cascos asegura que ya ha puesto en marcha las medidas previstas en el pacto de suelo y vivienda suscrito en enero de 003 con diez comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.