En el documento, las entidades defienden el diálogo social como “vehículo para la negociación de los agentes sociales” como respuesta a la propuesta de reducción de jornada laboral y destacan la importancia de respetar los “mecanismos democráticos” del diálogo social para seguir “protegiendo los intereses de las empresas y de la economía productiva y, por lo tanto, de la democracia”.

“Señora vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, con el máximo afecto, pero también con la máxima contundencia: Foment no está en contra de la reducción de la jornada laboral por principio, sino de la reducción generalizada”, advirtió el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

Además, sostuvo que si esta propuesta ve la luz habría un incremento de los costes unitarios salariales del 7% y que, en definitiva, supondría un “coste global para las empresas de 12.000 millones de euros". El presidente indicó que si se añade el coste del absentismo laboral de 37.000 millones de euros por año, el coste resultante sería “escandaloso” porque se situaría alrededor de los 49.000 millones de euros, equivaliendo al 4,1% del PIB español.

Sánchez Llibre alertó de que la propuesta del Ministerio de Trabajo “pone en riesgo el futuro de miles de pymes de los sectores más afectados y decenas de miles de puestos de trabajo por la pérdida de productividad que comporta esta ley”.