Esta es la posición expresada por el ahora secretario de Estado en un artículo publicado en el último número de la revista "Presupuesto y Gasto Público", qu edita el Ministerio de Economía, y que escribió cuando todavía era director de Economía de la patronal CEOE.

En ese artículo, titulado "La empresa española ante los nuevos compromisos que implica la UEM" y escrito en colaboración con José María Lacasa, director de Relaciones Internacionales de la CEOE, Folgado señala que el cumplimiento del Tratado de Maastricht exige en España cuatro lineas principales de actuación, la primera de las cuales es la recuperación de la credibilidad de los mercados en maeria de disciplina presupuestaria y la supresión de las expectativas inflacionistas.

Para ese fin, señala, "son necesarias reformas estructurales relativas a la función pública, la empresa pública, el sistema fiscal y en varios programas de protección social que deben ser reorientados para dar mayor entrada en la gestión a la iniciativa privada, por ejemplo, en sanidad, educación, pensiones, entre otras".

La segunda linea de actuación defendida por Folgado pasa por un un mayor rigor en la polític de rentas, capítulo en el que se muestra partidario de que los sueldos no crezcan en España más que en los paises competidores de Europa, y no sólo en términos reales sino también nominales.

A su juicio, "dada la necesaria convergencia en materia de precios, cualquier aumento de los salarios nominales con desviaciones al alza sobre los principales competidores comunitarios se traducirá de manera más automática que en el pasado en más paro, lo que a su vez es el principal determinante de la debilidad el consumo y del PIB, haciendo imposible la convergencia real".

La tercera linea de actuación consistiría, a su juicio, en la "intensificación de los apoyos a la industria española", mediante "incentivos, que deben ser decididos y generosos, hacia las inversiones empresariales de carácter productivo y estratégico".

La cuarta y última linea de actuación debe ser, en su opinión, la "participación institucional activa en el proceso de construcción europea defendiendo los intereses y necesidades de ls empresas españolas".

FUNCION DISCIPLINARIA

Por otra parte, Folgado señala que "la decidida voluntad de estar desde el principio en el grupo de paises que van a acceder a la Unión Monetaria tiene la ventaja, a juicio de la mayoría de los políticos y muchos expertos -opinión que compartimos-, de que constituye un elemento esencial de disciplina interna en la ordenación de la economía y de las finanzas públicas".

A su juicio, el compromiso de intergrarse en la Unión Monetaria "obliga a hacer bie las cosas: flexibilizar los mercados, en particular el mercado de trabajo, mejorar el sistema fiscal, contener y hacer más eficiente el gasto público, etc.".

Sin embargo, advierte que "no cabe menospreciar el riesgo de que la impopularidad de las medidas de convergencia se convierta en oposición frontal de la sociedad europea a la Unión Monetaria y hacer peligrar políticamente la Unión o provocar retrasos sobre las fechas previstas para iniciar la tercera fase".

Por esa razón, considera que que sin duda, es más necesario que nunca hacer un gran esfuerzo de explicación ante la opinión pública de que los efectos económicos beneficiosos de entrar en la Unión Monetaria son importantes, como los de la eliminación de los costes de transacción y el quedar ligados con la misma moneda a los paises más estables y desarrollados del mundo".