Las empresas que cayeron en situación de impagos de salarios o indemnizaciones de sus trabajadores fueron 24.047, frente a 32.852 en 1995, en tanto que los beneficiarios de las prestaciones disminuyeron de 144.201 a 133.061. La cantidad media abonada se cifró en 580.000 pesetas.

Los desembolsos el Fogasa alcanzaron una cifra prácticamente idéntica al ejercicio anterior, si bien es preciso tener en cuenta que los pagos llevan un cierto retraso, reconocido por el Ministerio de Trabajo, que ha presupuestado para 1998 un total de 87.000 millones de pesetas para el pago de estas prestaciones.

Por comunidades autónomas, la mitad de los pagos correspondieron a trabajadores de empresas radicadas en Cataluña (18.908 millones de pesetas) o Madrid (18.824).

El resto se repartieron de la manera sigiente: Andalucía (6.122 millones), Aragón (2.122), Asturias (1.294), Baleares (811), Canarias (1.342), Cantabria (1.454), Castilla La Mancha (2.226), Castilla y León (2.250), Comunidad Valenciana (7.371), Extremadura (514), Galicia (7.371), Extremadura (514), Galicia (2.353), Madrid (18.824), Murcia (1.458), Navarra (654), País Vasco (8.939) y La Rioja (536).

Por sectores, los que más recurrieron al Fogasa fueron la industria manufacturera (42.023 millones), seguida de las compañías de actividades inmbiliarias y de servicios empresariales (10.237), las de comercio y reparaciones de vehículos (6.587), y las de construcción (6.077).

El Fogasa aprobó para este año un presupuesto con una dotación más elevada que en el 96, aunque considerada insuficiente por los sindicatos CCOO y UGT, que votaron contra esas cuentas en el Consejo Rector del organismo, en el que están representados junto con la patronal y el Gobierno.

A finales del año pasado, según CCOO, los retrasos en los pagos oscilaban entre 1 y 12 meses, razón por la que los sindicatos estiman que el incremento de fondos debió ser todavía mayor del aprobado.