El objetivo de esta política es asegurar a los trabajadores la percepción de los salarios que las empresas les adeuden cuando las mismas se encuentren en situación de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores.

En el año 2007 se destinarán, en términos no financieros, 530,40 millones de euros para estos fines. De ellos, 504,25 millones corresponden fundamentalmente al pago de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a los trabajadores y al pago de sentencias según la Ley de Procedimiento Laboral.

Con la pasada reforma laboral se modificó, además, la acción protectora del Fondo de Garantía Salarial, aumentando los supuestos de cobertura y ampliando los límites de su protección.

La acción protectora se amplía a las indemnizaciones por despidos conciliados en sede judicial y a los supuestos de extinción de los contratos por despidos objetivos, así como por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.

Por su parte, los límites de la cobertura se amplían, en general, del duplo al triple del salario mínimo interprofesional con prorrata de las pagas extraordinarias, el límite salarial de 120 a 150 días de salarios no percibidos y los días de cálculo para las indemnizaciones por despido.