Según informaron portavoces de los armadores gallegos, el decreto carece de efectividad legal, porque la Xunta ha aplicado, con esas prohibiciones, unas competencias que nole corresponden, y que siguen estando en manos del Gobierno central.

El decreto del Gobierno regional cuenta, según representantes de la Administración autonómica, con el respaldo legal del Tribunal Constitucional, mientras que los portavoces de los armadores aseguran que el Alto Tribunal no se ha pronunciado aún en firme sobre la cuestión.

De momento, los responsables de Pesca del Ejecutivo gallego se muestran dispuestos a mantener la aplicación del decreto, cuyo objetivo, aseguran, es impedir l sobrexplotación de los recursos pesqueros de la región.

El incumplimiento de la medida conlleva, entre otras sanciones, el pago de multas que pueden alcanzar los 10 millones de pesetas. Hasta la fecha, el Gobierno autónomo ha abierto cerca 100 expedientes por éste motivo.

Según el vicepresidente de la Sociedad de Arrastreros Gallegos, José Luis Echever, el decreto del Ejecutivo regional que impone el "descanso obligatorio" en fin de semana para la flota de arrastre, tiene como objetivo aplicar ua "reconversión encubierta" en el sector.

En su opinión, la medida "es un atentado contra las empresas, y lo que busca la Xunta es el desmantelamiento del sector, con una reducción drástica de la flota sin que cueste un duro, enteramente a costa de los armadores, y eso es intolerable".