Igualmente, ICV califica la sentencia como un ataque a la creación de un espacio económico y social vasco y recuerda que el concierto económico que anula la resolución judicial, "no es más que un resto que nos queda, después de la abolición foral realizada a finales del siglo pasado, sin contar con la voluntad de los ciudadanos".

A su juicio, "para que exista discriminación, debe acreditarse que la distinción de trato carece de una justificación objetiva y razoable".