La Memoria presentada por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la Apertura del Año Judicial destaca en el apartado dedicado a la Fiscalía especializada en trata de personas y extranjería que “como consecuencia del lamentable incidente que tuvo lugar el día 24 de junio de 2022, en el que en un intento de entrada ilegal a la ciudad autónoma de Melilla a través del puesto fronterizo conocido como ‘Barrio Chino’ fallecieron 23 personas, se incoaron las diligencias de investigación”.

Explica que “tras una dilatada investigación”, las pesquisas terminaron el 22 de diciembre de ese mismo año con un decreto de archivo “por no apreciarse la existencia de elementos que determinasen, que el día de los hechos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuantes incurriesen en infracción penal alguna, ni en su actuación general durante el desarrollo de los acontecimientos, ni posteriormente en el momento de la materialización de los rechazos en frontera de parte de las personas que consiguieron acceder a territorio nacional”.

En su decreto, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, explicaba que el comportamiento de los entre 700 y 800 migrantes fue en todo momento "hostil y violenta" hacia los agentes españoles y marroquíes, y avalaba las 470 devoluciones realizadas en la frontera, pese a que el Defensor del Pueblo emitió un informe en el que señalaba que no se respetaron "las garantías legales nacionales e internacionales".

Sobre la posibilidad de que los agentes hubieran incurrido en un delito de omisión del socorro, la fiscal señala que no tenían conocimiento de la avalancha "por lo que en ningún momento pudieron representarse la posibilidad de que hubiera personas en situación de riesgo que requirieran de su auxilio".

Tampoco ve delito en la tripulación del helicóptero porque no fueron consciente de la situación de "colapso" por lo que no dieron la voz de alarma a los agentes de tierra. "Aunque vieron el tumulto, la situación de crisis en la zona, el estrés y la deficiencia en la calidad de las imágenes que recibían hicieron que no se percataran de la gravedad de los hechos. Además, en los momentos posteriores a la avalancha, al dejar de enfocar la zona (...), no apreciaron ni pudieron apreciar la existencia de heridos y fallecidos", añadía la fiscal.