Además, el Ministerio Público instó al Alto Tribunal a ordenar el cierre de las sedes e inmuebles propiedad de PCTV así como a prohibir la presentación por parte de este partido de candidaturas para las elecciones del próximo 9 de marzo.

Fue el fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, el encargado de formalizar esta mañana, sobre las 9.30 horas, la demanda de ilegalización del PCTV ante el registro del Alto Tribunal.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalaron que finalmente la demanda de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) será presentada el próximo jueves.

Los cerca de 200 folios de los que consta la demanda "recogen con detalle los antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos" en los que se basa el Ministerio Público para solicitar la ilegalización de PCTV, según una nota de la Fiscalía General del Estado.

Según el Ministerio de Público, su demanda demuestra "la interrelación existente entre el PCTV y Batasuna hasta el punto de que el primero ha venido sirviendo de instrumento tanto en el ámbito de la actividad política, como, sobre todo, en el plano de la financiación sirviendo de sostén económico, no sólo a la propia organización ilegal sino, también a relevantes dirigentes de la misma".

14 CAJAS CON DOCUMENTACIÓN

Después de presentar el escrito de ilegalización se registraron ante el Alto Tribunal 14 cajas que contienen la documentación en la que basa la demanda.

Esta pruebas aportadas por la Fiscalía son, fundamentalmente, las obtenidas a partir del registro efectuado por la Policía el 5 de octubre de 2007 en la sede social de PCTV en el polígono de Usúrbil (Guipúzcoa).

Según la Fiscalía General del Estado, los documentos encontrados en dicha sede "han permitido desvelar que existía una estrecha colaboración entre el PCTV y la organización ilegal Batasuna, que se extendía no sólo al ámbito de la actividad política sino también y, sobre todo, en el de la economía".

La demanda recoge diversas pruebas que demuestran "la relación habitual y el apoyo político que el partido demandado ha venido brindando a Batasuna, facilitando a los miembros dirigentes de la Mesa Nacional el local de su propia sede social para que mantuvieran reuniones periódicas en el mismo.

El Ministerio Público también ha aportado documentos que prueban que PCTV ponía a disposición de Batasuna "su capacidad de comunicación y presencia pública, incluso en el propio Parlamento Vasco".

PCTV hacía depender sus decisiones políticas "a las concretas instrucciones y directrices de los dirigentes del partido ilegal". "Un ejemplo de ello es la estrategia a seguir en relación con la futura implatantación del tren de Alta Velocidad", señalaron desde la Fiscalía.

En la demanda también se subraya "el estrecho contacto" que ha existido entre Batasuna y PCTV "mediante sucesivas reuniones" para establecer "estrategias políticas comunes".

En este sentido, en el escrito se describe la reunión de la Mesa Nacional de Batasuna que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2007 en la localidad de Salvatierra (Álava) y a la que asistió la portavoz del grupo parlamentario de PCTV, Nekane Erauskin, "lo que revela la íntima conexión existente entre ambas formaciones políticas".

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

En cuanto al apoyo económico, este viene demostrado por "el documento ejecutivo de fecha 13 de junio 2007 que establecía las pautas para la creación de una caja única" incautado por la Policía en el registro de la sede de PCTV en Usúrbil.

"Este sistema de caja común permitió que los ingresos públicos procedentes de las diferentes Administraciones por el concepto de remuneraciones de sus representantes en la Cámara Vasca o de subvenciones al partido pasaran a integrarse en esta caja única y de la misma salieran los fondos necesarios para abonar diferentes gastos realizados por dirigentes de Batasuna", indica la demanda.

El Ministerio Público también entregó la documentación que acredita que 49 miembros de Batasuna estuvieron contratados por el PCTV como asalariados.

Otro de los pilares de la demanda de la Fiscalía es la documentación encontrada tras la detención en Segura (Guipúzcoa) de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna.

Esta documentación ha aportado pruebas que demuestran que de la cuentas de PCTV "salieron hasta 21 transferencias de 27.000 euros cada una" a personas de Batasuna.

También se encontraron pruebas de hasta 19 operaciones de transferencias por importe total de 197.000 euros a las cuentas bancarias de nueve dirigentes de Batasuna localizadas en Bélgica y Francia.