La denuncia de CCOO afecta a la gran mayoría de los más de 20.000 trabajadores del sector. El fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla cree que, de ser cierta la denuncia, exite delito por atentar contra la libertad y la dignidad de los trabajadores.

A su juicio, la presunta firma en blanco de los finiquitos vulnera no sólo el Estatuto de los Trabajadores, sino preceptos constitucionales. "Las condiciones laborales deben de desarrollarse bajo las condiciones de legalidad y seguridad que establecen las leyes. Inicialmente hay conductas que también pueden estar vulnerando los derechos de los ciudadanos", afirmó.

Tanto el fiscal como el sindicato han realizado un llamaminto a los trabajadores afectados para que denuncien las posibles irregularidades. En este sentido, Flores se ha comprometido a ofrecer protección policial a aquellos trabajadores que teman represalias por sus denuncias.