Garzón, en su última resolución sobre este caso, consideró que este secuestro "se inserta en un solo marco de actividad delictiva perfectamente organizada (...)por personas con responsabilidades en la lucha contraterrorista dentro del Ministerio del Interior, utilizando un grupo policial especial al modo de banda armada -el Grupo Omega-". Por ello, consideró que esta cuestión debía ser tratada en el ámbito de la Audiencia Nacional.

Por el contrario, según el escrito del fiscal hecho público hoy, "no cabe estimar, en el sentido legal y jurisprudencial, que el Ministerio del Interior como los grupos que lo componen sean banda armada u organización terrorista". "No puede decirse que una organización del propio Estado pueda ser -como tal organización y en el sentido técnico jurídico- sujeto activo de un delito de banda armada u organización terrorista", insiste el fiscal.

En cuanto a la expresión "guerra sucia" para referirse a los supuestos hechos cometidos, la Fiscalía asegura que "tiene perfiles vagos e imprecisos" y que hasta ahora carece de asiente legislativo y jurisprudencial "por más que sea la denominación vulgar que más arraigo ha adquirido par calificar -en un plano no jurídico- la conducta atribuída a los imputados".

DETENCION ILEGAL

Además, insiste el fiscal, dado que los hechos cometidos han sido tipificados como un delito de detención ilegal, "sin relación de conexidad con delitos por los que tiene atribuída la competencia la Audiencia Nacional, la conclusión jurídica no puede ser otra que solicitar la Declinatoria de Jurisdicción".

Por último el escrito niega que se tenga conocimiento de la existencia del llamado "Grupo Omega" e la Guardia Civil y rechaza la versión de Garzón de relacionar el secuestro cometido en 1990 con actividades delicitivas de los GAL llevadas a cabo en 1983, ya que en la fecha del secuestro "no hay constancia judicial de que el mencionado grupo continuara actuando", ni existe reivindicación por parte de los GAL.

Con todas estas alegaciones, el fiscal interpone recurso contra la decisión del juez de continuar con la instrucción y apela a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la que reuelva si la detención del Grapo Jesús Cela Seoane debe o no ser investigada por el juez Baltasar Garzón.