Fuentes de la Fiscalía señalaron que el departamento que dirige el fiscal jefe Javier Zaragoza considera, al contrario de lo defendido por Garzón, que los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura han prescrito al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

En el auto hecho público hoy, Garzón admite la competencia para investigar los fusilamientos y desapariciones, al entender que, al no haber aparecido todavía las víctimas, el delito de detención ilegal todavía se está cometiendo y, por lo tanto, no ha prescrito.

Además, el magistrado asegura que estos delitos encajan en el contexto genérico de crímenes contra la humanidad, por lo que tampoco podrían prescribir.

La Fiscalía se opone a esta tesis y subraya que la figura de crímenes contra la humanidad no fue introducida en el derecho penal internacional hasta los juicios de Nuremberg, celebrados en 1945 contra los dirigentes del régimen nazi, y por lo tanto no se pueden aplicar con carácter retroactivo a los delitos cometidos en la Guerra Civil.

Por último, Garzón argumenta que la causa es competencia de la Audiencia Nacional porque los hechos encajan también dentro de delito contra altos organismos de la Nación, que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a este órgano jurídico.

En este sentido, el Ministerio Público asegura que, en todo caso, los delitos cometidos durante la Guerra Civil serían crímenes comunes y por lo tanto serían competencia de los juzgados territoriales y no de la Audiencia Nacional.