El Ministerio Público considera que la actuación de esta organización constituye un delito de desórdenes públicos agravados y no un delito de terrorismo, por lo que solicita la Sala de lo Penal que envíe el asunto a los juzgados ordinarios de Barcelona, ya que la Audiencia Nacional no sería competente para investigar el asunto.

El juez García Castellón acordó dirigir la investigación por las actuaciones de la plataforma Tsunami Democràtic contra Puigdemont, Rovira y otras diez personas por indicios de un delito de terrorismo tras recibir un informe de la Guardia Civil. A partir de ese momento, el magistrado solicitó informe a la Fiscalía para que calificase los hechos.

Sin embargo, este lunes el juez dictó un auto en el que considera que hay indicios de que los lideres independentistas imputados habrían tenido conocimiento de las actividades de Tsunami y habrían hecho labores de enlace entre la organización y los responsables políticos y considera que se les podría atribuir un delito de terrorismo, sin esperar a conocer la posición de la Fiscalía.

En su auto, el magistrado ofrece a Puigdemont, al tratarse de un miembro del Parlamento Europeo, y antes de cursar el correspondiente suplicatorio, la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional, tal y como establece el artículo 188 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La resolución acuerda citar como investigados a Marta Rovira, Josep Lluís Alay, Oriol Soler Castanys, Xavier Vendrell Segura, Marta Molina Álvarez, Josep Campmajó Caparrós, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra Boixaderas y Nicola Flavio Giulio, y califica los hechos de forma indiciaria como de terrorismo.

Esta imputación se produce en un delicado momento político, puesto que el PSOE está negociando la redacción de la ley de amnistía con Junts, el partido de Puigdemont, tras haber pactado la medida de gracia con ERC.