Según el escrito de acusación conocido este jueves, el Ministerio Público acusa a Villarejo de un delito continuado de cohecho pasivo propio y diez delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por funcionario público, entre otros cargos.

El fiscal sostiene que Antonio Asenjo, entonces director de seguridad corporativa de Iberdrola, encargó a Villarejo diferentes investigaciones sobre personas y empresas competidoras o con las que la eléctrica mantenía conflictos, conociendo que era comisario en activo.

Los servicios de espionaje, canalizados a través del Grupo Cenyt del que Villarejo era titular real, incluyeron el acceso ilegal a tráficos de llamadas telefónicas de directivos de empresas competidoras, políticos y otras personas investigadas.

Entre los encargos destacó el denominado "proyecto Arrow" en 2004, centrado en investigar las supuestas actuaciones contra una central térmica que Iberdrola proyectaba construir en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Los investigadores accedieron ilegalmente a tráficos telefónicos de concejales, directivos de Endesa y vecinos opositores al proyecto, según detalla el escrito de acusación del fiscal.

La investigación se extendió también a posibles pagos ilícitos que Endesa pudiera haber realizado a altos cargos de la Junta de Andalucía para obstaculizar el proyecto de Iberdrola. Villarejo y sus colaboradores infiltraron personas en la plataforma ciudadana contraria a la central térmica para obtener información y boicotear sus acciones de protesta.

ESPIONAJE A DIRECTIVOS Y COMPETIDORES

El fiscal detalla otros proyectos de espionaje como 'Black Board' y 'Quarter', centrados en investigar al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, accediendo a información sensible sobre sus contactos y operaciones empresariales.

Los encargos incluyeron también el espionaje a directivos de la propia Iberdrola como José María Asensi, director de servicios generales, o Pablo Vega Benedito, responsable de energías renovables.

La Fiscalía solicita además penas de cárcel para Rafael Redondo, colaborador de Villarejo, y Antonio Asenjo, ex director de seguridad de Iberdrola que encargó los servicios de espionaje.

El Ministerio Público reclama que los tres acusados indemnicen de forma solidaria a las personas espiadas con cantidades que van desde los 15.000 a los 60.000 euros.

Las investigaciones se facturaron mediante conceptos falsos para ocultar su verdadera naturaleza, infringiendo además las normas internas de contratación de Iberdrola, según el escrito de acusación.

En total, Villarejo recibió 1.455.064 euros por estos servicios de espionaje, la mayor parte abonados por Iberdrola S.A. (1.017.824 euros) y el resto por Iberdrola Renovables e indirectamente a través de la empresa Casesa.