La última memoria anual de esta fiscalía, correspondiente a 2007, pide al Gobierno que este castigo, así como el de la inhabilitación especial para empleo público por tiempo de tres a seis años, se establezca mediante una reforma del Código Penal para dar cumplimiento a la previsto en la Ley del Suelo.

Esa norma señala en su artículo 10 que la reserva de suelo destinado a vivienda sujeta a un régimen de protección pública "comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización".

El fiscal pide que el Código Penal se acomode a esa norma "consciente de la existencia de un reconocimiento del derecho constitucional a la vivienda (...) y sabedores de la problemática que existe con la vivienda en régimen de protección pública y de las irregularidades que con frecuencia se producen en relación a la misma y al suelo a ella destinado".

Según la memoria, el año pasado se abrieron 4.405 procedimientos judiciales relacionados con el medio ambiente (cifra similar a los 4.221 de 2006), de los que 1.096 lo fueron por delitos sobre la ordenación del territorio.

El fiscal ha tenido constancia de 407 sentencias condenatorias en este ámbito, frente a las 295 del año precedente.