Según informó este miércoles la Fiscalía General del Estado, el recurso se fundamenta en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, de acuerdo con el nuevo marco establecido por la Ley de Memoria Democrática, que reconoce expresamente el derecho a la justicia de las víctimas.

El Ministerio Público argumenta que es necesario realizar una investigación judicial cuyo fin último no tiene por qué ser la persecución penal, sino garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, independientemente del resultado final del proceso.

La Fiscalía destaca que el Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el alcance del derecho a la investigación contemplado en la nueva ley, por lo que considera que "la cuestión trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social".

El recurso busca ofrecer una interpretación de la norma con un enfoque de derechos humanos e integradora de los principios del derecho internacional, en línea con las exigencias del artículo 10.2 de la Constitución española.

La querella archivada, que dio origen al recurso de amparo, se refería a las torturas sufridas por dos hermanos en los años setenta a manos de la llamada Brigada Político-Social durante su detención en el periodo franquista.