En un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por Teresa Palacios, el fiscal del caso, Fernando Burgos, afirma que, como jefe de Estado que es, a Obiang le ampara la inmunidad de la jurisdicción penal, tal y como establecen las convenciones de Viena ((1961) y de Nueva York (1969), por lo que España no puede actuar contra él.

La juez Teresa Palacios aún no ha tomado una decisión sobre la querella, en la que se acusa a Obiang de genocidio, tortura y detención ilegal y terrorismo. La querella fue presentada por el ciudadano español Jaime Urgell.