El Ministerio Público considera que Macías no puede ser el ponente del recurso del Partido Popular, ya que como vocal del Consejo tuvo “participación directa” en decisiones tomadas por el órgano de gobierno de los jueces en contra de la norma que ahora debe analizar el Constitucional.

Macías fue el impulsor del informe contrario aprobado por el Consejo contra la ley de amnistía cuando aún no se conocía la redacción de la norma en lo que fue, según la Fiscalía, “una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica” valoración de la ley.

La Fiscalía suscribe así una recusación que firma el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que será la primera ocasión en la que el TC tenga que pronunciarse sobre la ley de amnistía. Estos argumentos del Ministerio Público serían extensibles al resto de recursos presentados por el PP, por varias comunidades gobernadas por este partido y por la comunidad de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page.

Según la Fiscalía, la participación activa de Macías en la aprobación del citado informe del CGPJ es “un acto genuinamente propio del desempeño del cargo público que ostentaba” y con el que “participó directamente en el asunto objeto del pleito o causa” y no de un modo “puramente formal”.

Por todo ello, el Ministerio Público considera que la postura de Macías avala “la inevitable imagen de formación de un sólido prejuicio sobre cada una de las dudas sometidas a la jurisdicción constitucional, que ahora le corresponde ejercer”.