Según las conclusiones de la Fiscalía, Juan Draper Mateu concedió entre 1986 y 1989 cientos de permisos de trabajo a ciudadanos extranjero que llegaban a la Costa del Sol para trabajar como agentes comerciales en empresas de multipropiedad.

Desde su cargo de director provincial de Trabajo, Draper obvió los trámites administrativos para la concesión de los permisos. Asimismo, los receptores de las licencias de trabajo no abonaron las tasas correspondientes, por lo que, según las conclusiones de la Fiscalía, el Estado dejó de percibir unos 5 millones de pesetas.

Como pago por la concesión ilegal de los permisos de trabajo, Juan Drape obtuvo unos 20 millones de pesetas, dos vehículos y una cámara de vídeo.

La Fiscalía solicita 3 años de prisión por un delito de cohecho, 7 de inhabilitación para cargo público por prevaricación y el pago de una multa de 20 millones de pesetas.

En las conclusiones también se solicitan diversas penas para un funcionario de la Administración central y para el gestor administrativo que hacía de enlace entre los trabajadores extranjeros y el ex director provincial de Trabajo.