Según informaron fuentes jurídicas, según la ley, la fiscalía tiene la posibilidad de reclamar de la sala, que tiene el caso sobre la mesa para su futuro enjuicimiento, la incorporación directa de cualquier documentación que tenga relación con los hechos.

Así, dentro del trámite previsto por el artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la fiscalía pedirá a la sala que incorpore las citadas diligencias previas, antes de presentar el escrito de calificación (en el que se solicitan las penas para los procesados que van a ser juzgados).

Para el Ministerio Público, es necesario que la sala que va a juzgar el caso tenga "todos los datos" para enjuiciar el caso, y la citadas diligencias previas contienen información de "gran relevancia".

La acumulación fue solicitada el pasado 26 de julio por la fiscal de la Audiencia Nacional encargada del caso sobre el 11- M, Olga Sánchez, quien alegó que, de esta forma, las partes podían proponer las citadas diligencias como medio de prueba durante el juicio que se celebre por los atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004.

El juez rechazó la petición alegando, entre otras razones, que en en las citadas diligencias previas, "en modo alguno" se ha realizado una actuación jurisdiccional dirigida a esclarecer extremos contemplados y fijados en el sumario del 11-M, ya concluso.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional concluyó el sumario del 11-M el pasado 6 de julio, tras haber dictado auto de procesamiento, el pasado 10 de abril, contra 29 de los 116 imputados en el caso, que ya fue elevado a la sala, aunque aún se desconoce la fecha del juicio.