La fiscalía de Sevilla quiso cnsultar previamente con el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, antes de formular su escrito de acusaciones contra Asunción en la causa por la que también están procesados el subdirector de Inspección General de Instituciones Penitenciarias, Gerardo Mínguez; el director de la prisión, Rafael Hernández, y los subdirectores del centro Antonio de Diego, Isidro Colón y Jorge Castejón.

La denuncia fue presentada por el fiscal de vigilancia penitenciaria de Sevilla, Luis Fernández, tras observar irrgularidades como el traslado de los presos con las esposas puestas dentro del mismo recinto de la prisión.

Como resultado de las investigaciones se comprobó que los reclusos permanecieron cerca de dos meses sin salir de sus celdas, sin utensilios de aseo, ni cristales en las ventanas, además de ser obligados a prescindir de su ropa habitual y llevar en su lugar un mono azul.

Los funcionarios declararon en el juzgado número 9 de Sevilla, que decretó el pasado día 16 apertura de juicio oral, que siuieron las directrices ordenadas desde Instituciones Penitenciarias en base a que aplicaran estrictamente las medidas sancionadoras del reglamento penitenciario.

La circular fue enviada a varias prisiones de España y anulada por algunos jueces de vigilancia penitenciaria que las consideraron excesivas.

El fiscal estimaba que Asunción podía ser acusado en base al artículo 187.5 del Código Penal, que contempla penas de suspensión de 6 meses a 6 años "al funcionario de prisiones que impusiera a los resos o sentenciados privaciones indebidas o usare con ellos de un rigor innecesario".