El pasado mes de octubre, el grupo municipal de HB de Pamplona puso a disposición de esta Fiscalía varios documentos referidos a diferentes actuaciones urbanísticas del Consistorio porque, según la coalición, podían ser constitutivas de diversos delitos, de los que acusaban al alcalde Alfredo Jaime. La resolución del ministerio público, conocida hoy, no va dirigida contra Jaime, sino contra una persona ajenaal Ayuntamiento.

También, el presidente del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Alli, había reclamado en el seno de su partido, UPN, la dimisión del alcalde por entender que existían contra él sospechas públicas de corrupción.

Alli llegó a precisar ante el Parlamento foral que algunas actuaciones en materia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital navarra eran, presuntamente, delictivas o nulas de pleno derecho. El jefe del Gobierno puso a disposición de la Fiscalía la documentación y los informes écnicos que tenía sobre este caso.

Tras un primer estudio, los fiscales de Pamplona decidieron analizar con profundidas dos expedientes puestos bajo sospecha, rechanzando otros que también se les facilitaron.

El primero de los documentos investigados hacía referencia a los solares de los denominados Talleres Iruña, en el que un gestor privado falsificó la firma del presidente de la Casa de Misericordia, entidad encargada del cuidado de ancianos. La rúbrica falsa estaba dirigida a demandar al Ayunamiento pamplonés la modificación de su plan general de ordenación urbana para hacer posible la construcción en dichos terrenos de viviendas asistenciales.

Por el contrario, un segundo expediente analizado, sobre el que existían acusaciones contra Alfredo Jaime de no defender adecuadamente los intereses municipales, ha sido archicado por la Fiscalía.

Tras tener conocimiento de estas resoluciones, HB ha anunciado que se personará como acusación popular en las diligencias abiertas y que presentará na querella contra Jaime por su actuación en el asunto archivado, "porque creemos que existe una responsabilidad penal".