Según el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, la resolución "es buena y resuelve muy bien el problema", y anunció que la fiscalía dará instrucciones a la policía judicial para que los funcionarios no aplique la ley en casos iguales o similares al descrito en la sentencia.

En los hechos enjuiciados, los funcionarios detuvieron a dos presuntos narcotraficantes en la calle y les intervino casi un gramo de heroína, y "ante la sospecha" de que en su domicilio pudieran encontrar más droga, decidieron aplicar el artículo 21 de la ley de Protección de Seguridad ciudadana para delitos flagrantes de narcotráfico.

"La sospecha sólo autoriza a solicitar un permiso judicial", recalcó Fernández Bermejo, que vaticnó que la ley va a plantear numerosos problemas lo que le impulsó a apostar realizar "un esfuerzo de coordinación" entre la fiscalía y la policía judicial.

Según el fiscal jefe de Madrid, la fiscalía debe asumir la dirección jurídica de la policía judicial, de forma que cuando los funcionarios se encuentren con dudas a la hora de poner en práctica la "ley Corcuera" consulten con la fiscalía antes de actuar.

Por ello, Fernández Bermejo mantendrá una reunión inmediata con los jefes de las dos unidaes de policía judicial de Madrid, a los que encargará que repartan copias de la sentencia entre sus miembros para que sepan que la normativa tienen sus restricciones, "lo que evitará también que los fiscales se encuentren con acusaciones ficticias".

Las instrucciones serán las mismas para los fiscales de los juzgados de plaza de Castilla y Audiencia de Madrid a los que se enviarán copias de la resolución judicial por si queda alguna causa pendiente en la que se haya aplicado la ley de forma incorrecta

Así mismo, matizó que esta medida no ha sido una consecuencia directa de la intenciones anunciadas por el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, que recientemente apostó por la creación de una policía judicial dependiente del ministerio público.

"En este caso no se trata de crear un nuevo cuerpo sino de que el fiscal tome la dirección jurídica de la policía judicial, para lo que está autorizado desde hace años por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Ante el recelo que esa medida puedaprovocar entre jueces y magistrados, que critican la falta de autonomía del ministerio público, que se rige por el principio de dependencia jerárquica, y carece de la independencia necesaria, el fiscal argumentó que afirmaciones semejantes suponen "someter al ministerio público a una sospecha injusta, porque no somos independientes, pero sí imparciales".

"Lo que sucede es que planteamos un modelo de fiscal que todavía no es corriente en España, pero a la que debemos acostumbrarnos, porque la ley nos atoriza a actuar de esta manera".