Migración
La Fiscalía insiste en la “obsolescencia” de la Ley de Asilo ante las “nuevas realidades” del fenómeno migratorio
- Asegura que “lo más preocupante” es la carencia de desarrollo reglamentario que afecta especialmente a la reagrupación familiar
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La Fiscalía General del Estado insistió este jueves en la “obsolescencia” de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, “que no se adecua a las necesidades actuales derivadas de las nuevas realidades del fenómeno migratorio”.
A ello se refiere el Ministerio Público en su 'Memoria' correspondiente a 2023 y que este jueves fue dada a conocer coincidiendo con la Apertura del Año Judicial y la intervención en este acto del fiscal general, Álvaro García Ortiz.
El documento subrayó, en línea con la memoria del año anterior que “lo más preocupante es la carencia de desarrollo reglamentario de la citada Ley, que produce graves consecuencias en la práctica, específicamente respecto de la reagrupación familiar, las solicitudes formuladas en misiones diplomáticas, los plazos en el procedimiento en frontera, la permanencia por razones humanitarias, la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad, la asistencia jurídica y la libertad de circulación para desplazarse a la península de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla”.
En este sentido, la Fiscalía urgió a proponer “la modificación de la Ley de Asilo o la redacción de una nueva”, con su correspondiente desarrollo reglamentario que, “entre otros extremos, contemple supuestos más amplios de protección internacional, abarcando situaciones derivadas de pandemias, hambrunas, miseria extrema o catástrofes climatológicas y que regule procedimientos efectivos de solicitudes a través de las misiones diplomáticas y en frontera”.
LLEGADA 'INGENTE'
El Ministerio Público también remarcó que la inmigración ilegal se ha convertido “en uno de los principales problemas no sólo de nuestro país y de Europa, sino del mundo entero” y recordó que en julio de 2023 comenzó una llegada “ingente” de cayucos a las islas de Tenerife y de El Hierro que se extendió a todas las costas españolas y que supuso “una auténtica crisis humanitaria”.
Asimismo, alertó sobre la “delincuencia organizada transnacional” y pidió “una efectiva persecución penal de redes criminales, empresarios, grupos y organizaciones dedicadas a favorecer la inmigración ilegal con ánimo de lucro”.
“Ello debe constituir uno de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal, especialmente cuando aquellas actúan comprometiendo la integridad y la vida de los migrantes. Es de especial relevancia en la lucha contra las redes de tráfico de personas reforzar los mecanismos de cooperación internacional, pues no podemos olvidar que se trata de un fenómeno delictivo transnacional”, expresó el documento.
Según fuentes del Ministerio del Interior, en 2023 fueron localizadas 1.817 embarcaciones frente a las 1.701 del año 2022, ascendiendo el número de inmigrantes a un total de 55.374 a diferencia de los 29.055 del año anterior, lo que suponen 26.319 personas más, de los cuales 46.857 fueron hombres, 2.721 fueron mujeres, 5.796 menores acompañados y 2.375 menores no acompañados.
La 'Memoria' también indicó que el “peligroso” método de entrada “tanto para los inmigrantes como para los miembros de las fuerzas del orden público que pretenden evitar el “asalto de la valla” en Ceuta y Melilla arrojó cifras menores, pues el número de inmigrantes que entraron por vía terrestre a través de esas ciudades fue de 1.234 frente a los 2.291 del año 2022. De estas 1.234 entradas irregulares, 166 fueron por Melilla (1009 menos que el año anterior) y 1.068 por Ceuta (48 menos que el año precedente).
(SERVIMEDIA)
05 Sep 2024
AHP/mjg