Este instrumento, promovido por la Unidad Especializada de Protección de personas con discapacidad y mayores, se elabora en el marco de la función tuitiva del Ministerio Fiscal respecto de grupos de personas especialmente vulnerables, con la finalidad de velar por la salvaguarda de su dignidad y promover su autonomía ante el uso de estas medidas.

La Instrucción se inspira en textos legales, éticos, protocolos sanitarios y recomendaciones internacionales y nacionales, particularmente en la Convención de Nueva York de Naciones Unidas.

Por tanto, encomienda a los fiscales, en coordinación con los servicios de inspección autonómicos, la supervisión y control en la utilización de estos recursos, de forma que velen por el cumplimiento de los principios básicos de necesidad apreciada por prescripción facultativa, excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición de exceso.