El acuerdo facilitará la puesta en marcha de forma conjunta de iniciativas de investigación y estudio que tengan por objeto profundizar en la protección jurídica, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.

Para lograrlo, ambas entidades organizarán cursos monográficos que permitirán mejorar el conocimiento de la realidad social de la discapacidad y contribuirán a incrementar los grados de inclusión social de estas personas y sus familias.

El presidente del CERMI, Mario García, señaló que el convenio constituirá "un marco estable de relación y cooperación con la Fiscalía General del Estado, como expresión máxima del Ministerio Fiscal, al que nuestra Constitución encomienda algo de tanta trascendencia como la promoción de la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad".

ACCESO A LA JUSTICIA

"Deseamos", agregó, "colaborar para favorecer el acceso a la Justicia por parte de las personas con discapacidad y para promover y garantizar sus derechos y su protección jurídica. En la Fiscalía General y en su titular hemos encontrado la mejor disposición para avanzar en esta dirección".

En este sentido, subrayó que "la protección jurídica, la tutela judicial efectiva, la garantía de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos, se convierten en temas de primera magnitud para las personas con discapacidad y sus familias".

Las partes firmantes del acuerdo constituirán una Comisión de Seguimiento del mismo, integrada por dos representantes de cada una de las entidades, a la que corresponderá velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este convenio, así como impulsar la adopción de las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos marcados.