En una resolución aprobada por la Junta de Fiscales de Sala por 13 votos a favor y 3 en contra, se asegura que aunque objetivamente la acusación de Alcaraz podría constituir un delito de desacato contra el presidente del Gobierno, "no existe fundamento suficiente" para considerarlas penalmente relevantes y ejercer las consigientes acciones judiciales.

Desde el punto de vista penal, la resolución afirma que todas las circunstancias que concurren en torno a las declaraciones, tanto las personales como de tiempo y ocasión, cuentan más decisivamente que la propia significación gramatical o vulgar de las palabras para valorar la gravedad o la existencia misma de las injurias.

La Fiscalía entiende que, en la contienda política, los parlamentarios tienen especialmente el derecho de pronunciarse sobre las preocupaciones de a opinión pública y el derecho a emitir análisis graves, "aunque incurran en excesos que son desafortunados y merecedores, en su caso, de un reproche social, pero no punible".

"Los límites de la crítica admisibles", añade el escrito, "son más amplios con respecto al Gobierno que a un particular o, incluso, a un político".

Para la Fiscalía General del Estado, el respeto a las instituciones y a las personas legítimamente investidas de autoridad es un valor constitucional que puede ser protegido penlmente, "pero sólo frente a los ataques más extremos y cuando la reacción penal se erija en una medida proporcionada y absolutamente necesaria en una sociedad democrática para preservar esos valores, parámetros que se ha estimado que no concurren en el supuesto que ha sido objeto de examen".