Según informó hoy el fiscal general del Estado, Carlos Granados, la Junta de Fiscales de Sala, reunida esta mañana, estimó por unanimidad que el contenido de dicho comunicado pudiera constituir una forma de colaboración con banda armada.

Por ello, acordó remitir dicho escrito al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Baltasar Garzó, con el fin de que lo incorpore a la causa que instruye contra HB por la difusión de los vídeos de ETA dado que, a su juicio, guarda relación con los hechos investigados.

En su comunicado, emitido el mismo día en que fue asesinado Tomás y Valiente, HB responsabilizó al Gobierno central de ese atentado asegurando que si el Ejecutivo "no siguiera apostando una y otra vez por la acción represiva, jamás se habría producido la acción armada de hoy".

Asímismo, consideró que "es España quien se niega aaceptar unas reglas del juego democráticas y pacíficas e impone el lenguaje de las armas" y añadió que "la negativa a abrir canales de diálogo y a las propuestas de paz lanzadas desde ETA, pone las bases para la prolongación y profundización del enfrentamiento".

Además, HB calificó de "patética" la solucion policial al conflicto del País Vasco y recomendó al presidente del Gobierno, Felipe González, y a toda la clase política que, en lugar de requisar el vídeo difundido por ETA, "se hagan con una copi y lo estudien en profundidad".

Tras advertir que el Estado no puede acabar con ETA "ni impedir sus acciones, porque ETA es la punta del iceberg, una expresión de una sociedad insatisfecha que desea ser la dueña de su destino", se preguntó "qué más necesita el Estado para comprender que ha perdido su batalla contra el pueblo vasco".

HB concluyó su comunicado comprometiéndose a seguir defendiendo el proyecto independentista y los contenidos de la "alternativa democrática" porque es, a su juicio, "a única propueta democrática para la paz que hay sobre la mesa".

El juez Garzón abrió diligencias contra los dirigentes HB, a los que imputó un presunto delito de colaboración con banda armada, tras considerar delictivo el contenido de varios vídeos de ETA que difundió la coalición y que el magistrado ordenó requisar.

Según el juez Garzón, con la difusión de dichos vídeos, la coalición "colabora activamente con ETA militar, traspasando los límites de la libertad de expresión", puesto que al asumi los postulados de ETA " trata de favorecer la instauración de la coacción y amenaza al ciudadano".

Con ello, según el magistrado, HB consigue uno de los objetivos que persigue la ETA con sus actividades delictivas "cual es la subversión del orden constitucional a través de la violencia y, por ende, está coadyuvando a dichos fines, con más eficacia que si diera cobijo a un miembro de un comando o transporte a quien vaya a pasar la frontera".

Por estos hechos, el juez Garzón ordenó el pasado día 2de febrero el ingreso en prisión del dirigente de HB Jon Idígoras, como representante legal de la coalición, al que acusó de un presunto delito de colaboración con banda armada.

Sin embargo, el magistrado acordó el pasado martes elevar las actuaciones al Tribunal Supremo, al figurar entre los imputados varios diputados autonómicos miembros de la Mesa Nacional de HB, por lo que, según fuentes judiciales, también podría remitir al Alto Tribunal el comunicado de la coalición.