No obstante, estas fuentes, que insistieron en la necesidad de mantener "a ultranza" la Audiencia Nacional, reconocieron que es preciso definir mejor algunas de las competencias que este organismo tiene en la actualidad.

Indicaron que dicha redefinición tendría que centrarse, fundamentalmente, en el concepto de organización delictiva para evitarque automáticamente todos los delitos cometidos en el territorio de más de una audiencia vayan a parar a la Audiencia Nacional. Agregaron que, por el contrario, sí están "perfectamente definidas" sus competencias en relación a las bandas armadas.

Según recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional es competente para conocer, entre otros, de los delitos cometidos por bandas terroristas, delitos económicos y de tráfico de drogas que sean cometidos por bandas o grupos organizados y prouzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.

Las fuentes consultadas recordaron que fue "una buena idea" centralizar en un sólo organismo la competencia para instruir dichos tipos delictivos ya que, a su juicio, mediante una dispersión de la Audiencia Nacional con la creación de nuevas audiencias en las comunidades autónomas "sus vicios se multiplicarían por 17".

No obstante, reconocieron que dicha centralización supone una gran carga de trabajo para los 5 juzgados centrales deinstrucción existentes, por lo que abogaron por la creación, al menos, de un nuevo juzgado, petición que en diversas ocasiones fue elevada por la Audiencia Nacional al Consejo General del Poder Judicial.

PROTAGONISMO

Entre los "vicios" que para la fiscalía es preciso corregir figura, además de una definición más precisa de sus competencias, el protagonismo que pueden adquirir los jueces de instrucción que forman parte de la Audiencia Nacional, ya que "no es bueno que todo el país esté pendiente de l que hace un magistrado".

En su opinión, ese "vedetismo" se podría evitar mediante un sistema de designación temporal de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, de modo que su permanencia en el juzgado central estuviese limitada en el tiempo.

Según esta propuesta, que implicaría una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una vez finalizado su periodo al frente del juzgado de la Audiencia Nacional, correspondería al Consejo General del Poder Judicial decidir si le renueva la plza, valorando el trabajo desarrollado a lo largo de ese tiempo.

Las citadas fuentes indicaron que en la actualidad, la plaza de juez central de instrucción de la Audiencia Nacional sólo se pierde a petición del propio magistrado o en caso de ser expedientado y recordaron que la ley sólo prevé esa renovación temporal en el cargo para los presidentes de las audiencias provinciales, cuya designación es para 5 años.

También apuntaron como otro de los defectos del funcionamiento de la Audiencia Nacionl la concentración que desde la creación de este organismo se hizo de los delitos económicos en un sólo juzgado, cuestión, a su juicio, subsanada a principios de este año mediante la desaparición del juzgado de Delitos Económicos y el reparto de estos asuntos entre todos los juzgados.

Matizaron que esto no implica su oposición a la especialización de los juzgados dependiendo de los tipos de delitos, sino a su concentración en un sólo juzgado, mostrándose favorables a la creación de más juzgados especilizados.