La fiscalía ha solicitado un informe a la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalitat con el objetivo de que aporte datos sobre "el desarrollo de la utilización del aval que otorgó la Generalitat, autorizada por e Parlamento de Cataluña, a Grand Península, y en qué medida ha desarrollado esa autorización", añadió Jiménez Villarejo.

Asimismo, las diligencias informativas de oficio abiertas por la fiscalía del TSJC también pretenden averiguar "a qué importe se elevan los créditos avalados por al Generalitat y que se informe si, tal como aparece en algunos medios de comunicación, ha podido haber algún tipo de desvío de los fondos avalados a otros fines".

La fiscalía de Cataluña decidirá si ha existido algunaconducta penalmente irregular por parte del financiero Javier de la Rosa o de su empresa una vez la Consejería de Economía le haya remitido el informe solicitado.

Tanto el consejero de Economía, Macià Alavedra, como el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, han insistido a lo largo de esta semana en que Javier de la Rosa hizo un uso correcto de los 10.000 millones de pesetas avalados por el Gobierno catalán, según los primeros datos de la auditoría realizada por la Generalitat.

El Gobirno catalán inició dicha auditoría, paralelamente a la que realizaba la empresa Arthur Andersen, después de que algunas informaciones apuntaran que De la Rosa había desviado 1.000 millones del aval para invertirlos en otros negocios.