La posibilidad de que la Fiscalía adopte una decisión sobre esta cuestión en las próximas semanas no fue descarta por Villarejo, y que indicó que dispone de suficientes datos para ello.

Asimismo, dijo que también podría definirse sobre el supuesto uso indebido de 1.000 millones de pesetas por parte de De la Rosa procedentes de un aval concedido por la Generalitat a Grand Península, la sociedad promotora del parque de atracciones de Vila-seca y Salou (Tarragona).

A finales del pasado mes de julio, el fiscal jefe de Cataluña afirmó que había encontrado "indicios de actuaciones con posible relevancia penal" en la gestión de Grnd Tibidabo durante la época en que fue gestionada por Javier de la Rosa.

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha admitido a trámite hace algunas semanas una demanda presentada por un grupo de accionistas minoritarios en la que piden que se impugne la última Junta General de la sociedad.

Villarejo también comentó que el juzgado ya ha recibido la información complementaria que solicitó a los departamentos de Economía e Industria sobre la Comisión de Ayuda para la Reconversión Industria de Cataluña (CARIC), ya desaparecida.

El juez estudia el informe que realizó la Fiscalía de Cataluña sobre este caso después de que un particular denunciara supuestas irregularidades que implicaban a tres consejeros y a otros tres ex consejeros de la Generalitat, y que fue archivado por el anterior fiscal general del Estado, Eligio Hernández.