En estas irregularidades porían estar implicados funcionarios y abogados de la provincia, aunque Ollero no quiso pronunciarse sobre si los nombres que han salido en los medios de comunicación se corresponden en realidad con las personas que están siendo investigadas.

En las diligencias abiertas por la fiscalía se investiga la presunta falsificación de unas órdenes de libertad, mediante telegramas sellados por un juzgado.

El fiscal jefe aseguró que la audiencia trata de descubrir si las libertades concedidas eran procedente o no. "A lo largo de mis muchos años de profesión", dijo, "he conocido a funcionarios judiciales avispados que obtenían dinero de determinados abogados o personas particulares, informándoles cuándo se iba a poner en libertad al detenido".

Según "Diario 16", en un registro policial realizado en febrero de 1989 en el mesón Los Lagos, de Juan Villa Lora, fue encontrada documentación que "revelaba datos muy importantes de implicación entre funcionarios judiciales y abogados".

Las diligencias practicdas en aquel momento comprometían a los funcionarios Manuel Núñez Merrero y José Adame Moro, de la Audiencia Provincial de Cádiz, y a Julio Alberto Ortiz Valdés, que fue fiscal sustituto de Algeciras y Ceuta en aquellas fechas.

Los nombres de abogados de la provincia que habían ejercido la defensa de algunos encausados por tráfico de estupefacientes y que aparecían en la documentación incautada son: Ricardo Fernández de Vera, Ignacio Pérez Córdoba, José Luis Suárez Villar, José Manuel Jareño y Marcos arcía Montes, así como el algecireño Enrique Muñoz Méndez, cuyo nombre figura junto a un recibo de 200.000 pesetas.