Las diligencias se abrieron tras la divulgación de un informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, en el que cuestionaba la concesión de diversos créditos por parte del ICF. Entre estos créditos figuraban dos por un valor total de 270 millones de pesetas concedidos a la peletera Tipel por un acuerdo del Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán del 30 de septiembre de 1991.

Esta empresa estaba controlada por la famlia de Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat, y suspendió pagos el pasado 5 de abril ante un juzgado de Vic (Barcelona). Tipel declaró una deuda de 8.445 millones de pesetas frente a un activo de 11.064 millones.

Los dos créditos, de 135 millones de pesetas cada uno, fueron concedidos a Tipel a pesar de que un informe previo del propio Instituto Catalán de Finanzas consideraba que suponían "un riesgo elevado". Para la Sindicatura de Cuentas, los créditos se concedín "sin garantías reales o hipotecarias", explicó Villarejo.

Por otro lado, el fiscal jefe de Cataluña indicó que el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, envió ayer al Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona el informe sobre presuntas irregularidades en los avales concedidos por la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), organismo que ya no existe y que dependía de la Generalitat.