En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Fiscalía anuncia que apoyará la petición de nulidad de la acusación particular ejercida por los familiares de la víctima, al entender que los errores en las notificaciones han generado "una situación de indefensión que debe ser corregida".

El 30 de julio de 2007, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Martín Ponce a 30 años de cárcel por el asesinato del agente de la Policía Francisco Javier Sanz Morales, prepetrado el 17 de noviembre de 2000 en Valladolid.

Pero, el pasado mes de abril, el Tribunal Supremo anuló la citada condena al estimar que la incomparecencia de una testigo protegida, considerada clave en la causa porque fue quien reconoció fotográficamente a Martín Ponce como autor del asesinato del policía, provocó la vulneración de la presunción de inocencia del acusado.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Hace pocos días, los hermanos del policía asesinado se reunieron con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y le comunicaron que, a pesar de haberse personado en la causa como acusación particular, no habían recibido ninguna información sobre el proceso ni se les había dado traslado de ninguna de las notificaciones.

Según consta en el sumario de la causa, Mauro Sanz, padre del policía asesinado, se personó como acusación particular en la causa el 11 de septiembre de 2001. Un año después, el 9 de septiembre de 2002, la Audiencia Nacional le comunicó la prisión provisional decretada contra Martín Ponce, pero tras este trámite no se le volvió a notificar ninguna otra resolución, ni siquiera las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que a la vista de estos errores, "resulta evidente" que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución, de la acusación particular ejercida por los familiares del policía.

Además, considera que "se han quebrantado las normas esenciales del procedimiento" y que se ha impedido a la acusación particular "el ejercicio de sus funciones", como la presentación de calificaciones antes del juicio o la proposición de pruebas para la vista oral.

Por lo tanto, la Fiscalía anunció que apoyará a la acusación particular ejercida por los familiares del policía asesinado si ésta solicita la nulidad de la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo y la retrotracción de las actuaciones para que Martín Ponce vuelva a ser juzgado por la Audiencia Nacional.