Las mismas fuents explicaron que si los hechos perseguibles se limitaran a la quema de la bandera española, los hechos se investigarían y enjuiciarían en un tribunal de San Sebastián por su presunto delito de ultraje a la enseña nacional, previsto en el artículo 543 del Código Penal y castigado con multas económicas.

En el caso de que hubiera indicios de un delito de enaltecimiento del terrorismo, previsto en el artículo 578 del Código Penal, la Audiencia Nacional s haría cargo del caso y, además, se remitiría la información a la Fiscalía General del Estado, que recopila datos para una posible demanda contra Batasuna ante el Tribunal Supremo.

La recopilación de estos datos comenzó el pasado 6 de agosto, cuando la Fiscalía General del Estado dió órdenes de estudiar "en profundidad" las actuaciones de los dirigentes y portavoces de Batasuna desde la entrada en vigor de la denominada Ley de Partidos, el pasado 27 de junio, por si corresponde presentar una demanda pra ilegalizar dicha formación política.

La Fiscalía General del Estado quiere comprobar si las actuaciones de los responsables de Batasuna a partir del pasado 27 de junio entran en colisión con lo previsto en el artículo 9 de la citada ley.

Dicho artículo establece que se ilegalizará aquella formación cuya actividad vulnere derechos y libertades, justifique o exculpe atentados contra la vida o la libertad, fomente la violencia para propiciar fines políticos o apoye públicamente a grupos terrorists.