Así consta en sendos escritos remitidos al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien a su vez se lo ha enviado al presidente de este tribunal, Carlos Dívar, para que lo traslade al Consejo General del Poder Judicial, cuyo servicio de inspección ha decidido abrir una información previa al juez Garzón por su actuación en este caso.

Las declaraciones de dichos peritos como testigos, que tuvieron lugar los pasados 28 y 29 de septiembre, "se realizaron de modo adecuado y correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal".

En sus escritos, añaden que las comparecencias se desarrollaron "sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención".

Asimismo, califican de "inciertas" las imputaciones contra Garzón de que actuó "coactivamente" contra los citados peritos.

Por otra parte, los citados peritos han recurrido en reforma el auto de imputación dictado el pasado viernes por el juez Garzón contra ellos.

El auto ha llegado a manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien sustituye estos días a Garzón, puesto que se encuentra de permiso hasta el viernes, aunque probablemente regresará mañana.

Fuentes jurídicas explicaron que, a juicio de Pedraz, deberá ser el propio Garzón quien decida sobre dicho recurso de reforma.

En cuanto a la cuestión de competencia planteada también por los tres peritos (sostienen que Garzón no puede investigar el caso del citado informe policial del 11-M), Pedraz lo ha elevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que lo resuelva.

Según el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal, el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior a quien corresponda, el cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de plano y sin ulterior recurso".

No obstante, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta cuestión de competencia no paraliza la actuación de Garzón.

La citada ley establece que "mientras no recaiga decisión, cada uno de los jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia".