Las denuncias habían sido presentadas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y por el sindicato Manos Limpias. En el decreto del Ministerio Público, se especifica que no hay constancia de que el Gobierno catalán haya "dictado orden o instrucción concreta con eficacia en el plano administrativo tendente al desacato" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que fijó que el 25% de las clases se debían impartir en castellano.

La sentencia hacía referencia a una la petición hecha por la familia de un niño escolarizado en Canet de Mar que dio lugar a una sentencia en la que el TSJ fijó en un 25% la proporción de clases que se debían impartir en castellano. Esta decisión fue interpretada por las autoridades catalanas como un atentado contra el programa de inmersión lingüística en las escuelas.

Sostiene la Fiscalía que sólo podrían desobedecer al TSCat los directores de los centros educativos y que las declaraciones públicas de Aragonès y del conseller están amparadas por su derecho a la libertad de expresión y hay que circunscribirlas al ámbito de la “acción política” sin que, por el momento, hayan adoptado ninguna “acción administrativa concreta”.

En esa misma línea, la Fiscalía entiende que la carta dirigida por Cambray a los centros escolares tampoco es una resolución oficial de un asunto administrativo y por tanto descarta achacarle el delito de prevaricación administrativa. El Ministerio Público considera la misiva una “proclama de carácter político” que no obliga a los centros a su cumplimiento y, por tanto, no tiene efectos administrativos.

También descarta que los denunciados hayan incurrido en los delitos de amenazas, coacciones y represalias porque no ve “indicios bastantes” para achacarles los "execrables actos de linchamiento moral y atentado contra la seguridad personal y familiar que tuvieron lugar a partir de la tarde del día 2 de diciembre como consecuencia de la emisión de diversos tuits desde el grupo ‘El Turó en català’”.