Según dijo hoy el redactor del resumen, el fiscal Gonzalo Ruiz, la fiscalía sí actuará "decididamente" contra las personas que han accedido a las prestaciones mientras percibían otros subsidios, desempeñaban diversos oficios o poseían otros bienes.

Este es el caso de los jornaleros investigados en la localidad granadina de Villamena, algunos de loscuales tenían en los bancos cuentas millonarias, además de varios empleos y hasta más de un inmueble.

En el informe de la fiscalía se hace balance de la actividad en torno al PER en los juzgados de la capital. Son en total 8 los casos de supuesto fraude al subsidio agrario los que se han calificado.

Los representantes del ministerio fiscal coinciden en pedir penas máximas de 8 años de prisión para los alcaldes acusados y otras condenas menores para los 99 perceptores presuntamente ilegales de lossubsidios agrarios.

En el informe se expone detalladamente el procedimiento mediante el cual los imputados en los distintos sumarios fueron actuando. Se indica también que 2 de los casos, el del alcalde de Itrabo y el de un empresario, han sido ya fallados con sentencias condenatorias de prisión menor.