Después de que asesores del Defensor del Pueblo visitaran los hospitales psiquiátricos de Alicante y Sevilla, Múgia remitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado, a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y a las consejerías de Bienestar Social de Andalucía y Valencia, sugerencia que ha sido aceptada, enviando instrucciones para ponerla en práctica a los distintos centros, así como a todos los fiscales.

Hasta el momento, la gran mayoría de dichos internos, al no contar con la declaración de formal de incapacidad judicial, carecían de un tutor judicial designado, por lo que, cuando salen el centro psquiátrico penitenciario, se encuentran desprotegidos social y jurídicamente. Esta situación da lugar a que, a menudo, vuelvan a ingresar en prisión por cometer hechos delictivos.

Además del problema apuntado, las enfermedades que padecen estos internos y la imposibilidad de gobernarse por sí mismos, pueden generar otro tipo de problemas para el hospital psiquiátrico penitenciario que les custodia, especialmente en aquellos casos en los que es necesario contar con su consentimiento, bien paa someterse a tratamientos médicos agresivos o arriesgados para su salud o bien para realizar actos de gestión o de administración de sus patrimonios. Esta situación podría afectar a unos 350 internos.