Según informaron fuentes jurídicas, la fiscalía ha oficiado a sendos ayuntamientos para que, en un plazo de 24 horas, le informe de la veracidad los hechos.

La fiscalía quiere saber si ex concejales de la ilegalizada Batasuna mantienen reuniones en dichos despachos y qué actividad realizan allí.

Según publica la "Gaceta de los negocios", los concejales del PP en dichos consistorios carecen de una oficina en sus respectivos consistorios donde poder trabajar, mientras que el citado partido "abertzale" sí tiene un despacho.