En su escrito, la UPF critica que el PP y sus "organizaciones satélites o subordinadas" en la judicatura ocupen las instituciones "como si fueran de su propiedad".

"Ahora el Partido Popular ha iniciado en la carrera fiscal un proceso de discriminación basada en las afinidades ideolgicas o políticas con las que desde el Poder se etiqueta a sus miembros, que recuerda a la Administración del siglo XVIII", añade.

La UPF cree que el mérito del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, y del fiscal jefe del TSJM, Manuel Moix, parece ser, con independencia de sus aptitudes profesionales, "la perspectiva de que resulten menos molestos que sus antecesores para quien los propone y los nombra, o el hecho de que en el pasado se hayan mostrado más próximos a la defensa de los interses del actual Gobierno".

Al mismo tiempo, insisten, se mantiene en sus puestos, "obviamente por idénticos motivos", a otros fiscales, como el fiscal jefe del "caso 'Prestige'", a pesar de haber sido recientemente sancionado por una falta de indignidad en el ejercicio de su función por haberse apartado de los principios constitucionales.

"Es obvio por ello que nos encontramos ante un supuesto más de utilización totalitaria del Poder, que no ha sido otorgado por la Constitución ni por los ciudadans al partido en el Gobierno para que proceda a la depuración política de las instituciones, y en particular de la Administración de Justicia, sino para fortalecer y preservar los principios de pluralismo, imparcialidad y tolerancia, que son condición esencial para la democracia", añade la UPF.

La organización de fiscales concluye afirmando que el PP y las organizaciones juristas conservadoras han tomado "al abordaje" el Ministerio Fiscal, "con lo que ello supone para el funcionamiento de nuestra Adminstración de Justicia y por ello para el mantenimiento de nuestro Estado de Derecho".