En un comunicado, la asociación estima que la aceptación de la dimisión de Torres, "por haber asumido y defendido las reivindicaciones de la carrera fiscal", puede suponer "un intento de cercar la legítima y necesaria autonomía del ministerio fiscal".

Los fiscales estiman que el Gobierno ha querido buscar un sustituto afín al poder político para zanja los problema surgidos con el ministerio público a raíz de un informe remitido el pasado 2 de febrero al presidente Felipe González.

El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, devolvió el escrito, en el que, además de plantear cuestiones de índole material, exigían a los poderes públicos respeto a la "autonomía funcional" de la institución.

Para la UPF, el cese de Torres resultará infructuoso porque "ni los fiscales ni la asociación piensan ceder un ápice en las reivindicaciones ya conocidas, pr ser condiciones mínimas para su adecuado funcionamiento".

Tras reiterarse en su demandas, la asociación progresista pide al futuro fiscal general que "asegure y desarrolle el principio constitucional de imparcialidad" como rector del ministerio fiscal, "lo que conlleva la potenciciación de sus órganos democráticos y la plena transparencia en los futuros nombramientos de la cúpula de la carrera fiscal".

Asimismo, solicita al sucesor de Torres "el tajante rechazo de bastardos intereses sectariospartidistas, que traten de instrumentalizar al ministerio fiscal, limitando su función de defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos".