Las asociaciones de fiscales mostraron por su parte su preocupación por el deterioro que está sufriendo la credibilidad y la imagen pública de la institución.

En declaraciones a la cadena SER, Hernández manifestó que "en ningún momento el fiscal actuó siuiendo instrucciones directas del fiscal general; otra cosa es que intercambiaba opiniones, pero siempre dentro del más absoluto respeto a la autonomía funcional del fiscal del caso".

En lo que respecta a las críticas vertidas por el juez instructor del caso, Marino Barbero, contenidas en un auto en el que reprochaba al fiscal "su falta de objetividad y serenidad", alegó que no estaba dispuesto a crear un "conflicto institucional".

El ministro de Justicia puntualizó, durante la inauguración del nevo curso de la Universidad Autónoma de Madrid, que las aseveraciones del juez no son "adecuadas".

"No es la postura más adecuada", dijo, "que un órgano del Poder Judicial entre en lo que es la tarea del fiscal o que el fiscal entre en lo que es tarea de este órgano".

Para el ministro, la crítica contenida en el auto "tiene que ver con la propia posición de la sala, que ordenó al instructor que hiciese las diligencias esenciales y parece que el fiscal se oponía a que aparte de éstas se hicieran oras diferentes y nuevas no acordadas por la sala".

De la Quadra reiteró que "lo bueno para el buen orden es que cada uno (jueces y fiscales) se mantenga en su terreno; el fiscal tiene el recurso para mostrar su desacuerdo con el juez y el juez tiene la posibilidad de no tener en cuenta sus peticiones".

Por su parte, portavoces de la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) manifestaron a Servimedia su "absoluto respeto y confianza" en que la actuación de Antonio Salinas se justó a la legitimidad, pero destacaron la necesidad de promover una mayor autonomía de la fiscalía, respetando el principio de jerarquía.

Para Luis Jordana de Pozas, portavoz de la Asociación de Fiscales, la credibilidad de la institución"queda en entredicho" mientras no se adopten una serie de medidas "que hagan que la gente no sospeche de su objetividad".

En este sentido, Jordana de Pozas recordó que desde su asociación se ha solicitado reiteradamente la promoción y potenciación de los órgans consultivos de la Fiscalía General del Estado, como el Consejo Fiscal, y una fórmula de elección que garantice que el nombramiento del fiscal general, dependiente ahora del Gobierno, "tenga cierta permanencia".

De la misma forma, para el presidente de la UPF, Ladislao Roig, sería conveniente la elección parlamentaria del fiscal general del Estado y así evitar que el ministerio público "esté sometido siempre a sospecha".

Roig, a cuya asociación pertenece el fiscal del "caso Filesa", reconoció qu Salinas "no ha conectado con lo que la sociedad quiere en esta investigación", pero subrayó que el magistrado Marino Barbero "se ha extralimitado en sus afirmaciones, ya que en un auto tiene que atenerse a decir lo que le concierne conforme a derecho, pero no entrar a dar lecciones de ética a nadie".