De acuerdo con estas fuentes, corresponderá ahora a Fungairiño comunicar a la fiscal Márquez la resolución de la ministra, que tendrá efecto una vez que sea notificada formalmente a la afectada.

Añadieron que tras la notificación, la fiscal Márquez dispondrá deun plazo para presentar un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la titular de Justicia, que, sin embargo, no paralizará la ejecución del traslado forzoso.

El traslado de la fiscal Márquez se debe a su "acritud y excesos formales en su comunicación de jueces y tribunales" de la Audiencia Nacional, según la propuesta que el anterior fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, elevó a la ministra de Justicia y que ésta aprobó.

Ortiz Urculo adoptó esa decisión el pasado 10 de bril como consecuencia de la inspección practicada el pasado mes de octubre en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se saldó también con la apertura de expedientes disciplinarios a cuatro miembros de esa fiscalía.

Así, además del expediente de traslado forzoso, la fiscal Márquez también fue expedientada como autora de una falta disciplinaria por la presunta ocultación de un informe al juez que instruía el sumario por el atentado de ETA contra José María Aznar.

Por estos mismos hechos, tambié fue expedientado el teniente fiscal Fungairiño quien, al igual que la fiscal Márquez, fue sancionado con una multa de 50.000 pesetas.

Además, también fueron abiertos sendos expedientes disciplinarios a los fiscales Pedro Rubira e Ignacio Gordillo por la presunta utilización de alumnos en prácticas para elaborar informes sobre causas abiertas.

En el caso de Rubira, el expediente concluyó con la imposición de una multa de 50.000 pesetas mientras que Gordillo fue sancionado con un mes de suspensiónde empleo y sueldo.

Sin embargo, todos ellos presentaron la pasada semana recursos de alzada contra estas sanciones, que corresponde resolverlos a la ministra de Justicia.

En el caso de que Mariscal de Gante confirme estas sanciones, los fiscales expedientados pueden presentar un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.