En el seminario, que concluyó anoche, participaron también, entre otros, la magistrada de menores Petra Pereda, el abogdo de la Coordinadora de Barrios Fernando Oliete y el inspector del Grupo de Menores de la policía José Mayo.

Los asistentes al encuentro analizaron el modo de acometer la reforma de la Ley Penal y Procesal del Menor, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el texto vigente actualmente, de 1948, por no ofrecer garantías procesales a los menores.

El fiscal de menores Félix Pantoja explicó que "los fiscales no tenemos un conocimiento preciso de cuál será la futura Ley Pnal del Menor", a pesar de que el Ministerio de Justicia anunció recientemente que ya existe un anteproyecto de ley.

"No conocemos", agregó Pantoja, "las atribuciones que se darán a los fiscales en la nueva ley". En una reunión que el Consejo General del Poder Judicial mantuvo la semana pasada con jueces de menores se anunció que ejercerían la acción penal, mientras se crea la figura del abogado defensor del menor.

Según Pantoja, "a los fiscales no nos gusta la posición de acusadores de menores; ebemos velar por sus derechos y defensa y desde mi punto de vista no existe necesidad de un proceso de estas características".

Por su parte, Petra Pereda calificó de "inquisitivo" el procedimiento actual que impone el texto refundido de la ley de menores de 1948 y exigió al Gobierno que eleve urgentemente a las Cortes una ley procesal del menor.

Para la magistrada, los rasgos fundamentales que debe recoger la futura ley serían: limitar la intervención judicial a menores con edades comprendidas enre los 13 a 18 años, discriminalización de determinadas conductas, ofrecer garantías de derecho penal ordinario y comprensible para el joven y crear una red coordinada de servicios sociales que asegure su protección.

Por su parte, el abogado de la Coordinadora de Barrios, Fernando Oliete, rechazó cualquier proyecto de ley de menores porque, a su juicio, siempre será penalizador y los menores no son responsables de sus infracciones, sino la sociedad.

Oliete indicó que antes de aprobar una ley hay ue garantizar a los menores recursos educativos y sociales, ya que es el ambiente lo que les induce a la delincuencia, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de los menores infractores procedan de los barrios más marginados.

La magistrada Petra Pereda y el inspector del Grupo de Menores José Mayo no compartieron esta opinión, al considerar que muchos menores delincuentes proceden de clases medias altas.